El número de parejas británicas que acude a la maternidad subrogada está aumentando significativamente. Según datos oficiales, durante los tres últimos años, mil parejas han viajado a 57 países donde es legal pagar por un vientre de alquiler.
La práctica de esta modalidad no exenta de polémica, la Foreing and Conmmonwealth Office ya ha advertido a las parejas que buscan estos servicios en el extranjero de la falta de una regulación internacional sobre la materia y del riesgo de explotación comercial de las mujeres en países pobres. Algunos países han prohibido incluso que los extranjeros contraten estos servicios.
Recientemente en el Reino Unido se ha dado el caso de una mujer británica que aceptó gestar un niño para una pareja homosexual, pero el contrato no se formalizó y ella decidió quedarse finalmente con el niño. La sentencia de la juez de la División de Familia del High Court, en Londres, ha ordenado que el bebé sea entregado al padre biológico y a su pareja el considerar que esta opción es en el mejor interés del menor. Pero la sentencia también advierte que “la falta de un marco legal bien definido y fundamentado para acuerdos de este tipo ha provocado un inevitable aumento de reclamaciones ante el Tribunal de Familia”.
En España esta práctica es ilegal y el tribunal Supremo avaló la negativa del Estado español de registrar como padres a quienes sortean esta prohibición.